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La titular de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, María Florencia Casas, no hizo lugar al amparo que habían presentado un centenar de establecimientos educativos de gestión privada.
Los propietarios de las instituciones manifestaban que los aumentos de 16,8%, 3,35% y 4% autorizados por el Ministerio de Educación de la Provincia los ponía en situación de quebranto ya que no contemplaba el aumento salarial otorgado a los docentes a fines de 2022.
Entre los argumentos expuestos por la Camarista, entendió que la incidencia de los aumentos salariales mencionados por el amparista y el desfasaje que el incremento de cuotas autorizados presentaría frente a los mayores costos asumidos por los establecimientos educativos demandantes, «se erigen cómo objetivos que merecen un marco de discusión y prueba mucho más amplio detallado que el que permite el ámbito cautelar.